La decisión actual profundiza ese esquema, ya que consolida la autoridad israelí sobre esa zona y reactiva el proceso de registro que estaba suspendido desde el inicio de la ocupación.
Ahora bien, cabe señalar que, pese a los acuerdos, una parte significativa de Cisjordania ocupada nunca fue formalmente registrada. Durante décadas, amplias extensiones de tierra rural fueron de uso comunal y trabajadas sin títulos oficiales individuales. Esto hoy dificulta que muchas familias puedan acreditar legalmente su propiedad y pone en riesgo a miles.
Un paquete más amplio de medidas
La iniciativa forma parte de una serie de disposiciones aprobadas por el Gabinete de Seguridad una semana antes, destinadas a expandir la construcción de asentamientos y aumentar el control israelí sobre Cisjordania ocupada.
Entre las medidas anunciadas el pasado domingo 8 de febrero, figura la derogación de una ley que prohibía la venta de tierras en Cisjordania ocupada a colonos israelíes ilegales, la apertura de registros de propiedad hasta ahora sellados y el traslado de la autoridad para conceder permisos de construcción en un bloque de asentamientos cercano a Hebrón desde un municipio palestino a la administración civil israelí.
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“Un intento de anexar la Cisjordania ocupada”
Desde Ramala, la Autoridad Palestina condenó la medida como un intento de “anexar la Cisjordania ocupada” y afirmó que busca consolidar la ocupación mediante la expansión de asentamientos ilegales.
Según denunció, esta decisión refleja «un intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina».
También constituye “una terminación de los acuerdos firmados y contradice claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente la Resolución 2334, que considera ilegal toda actividad de asentamiento en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este” ocupada, añadió.
La decisión desencadenó una enérgica condena por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye. En un comunicado, declaró que la medida tiene como objetivo imponer la “autoridad de Israel sobre la Cisjordania ocupada y expandir las actividades de asentamiento”.
«Esta medida, que busca desplazar por la fuerza al pueblo palestino de su tierra y acelerar los esfuerzos ilegales de anexión de Israel, constituye una clara violación del derecho internacional y es nula y sin valor», añadió el ministerio.
«Israel no tiene soberanía sobre los territorios palestinos ocupados», recalcó, afirmando que las políticas expansionistas llevadas a cabo por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu socavan los esfuerzos de paz y dañan las perspectivas de una solución de dos Estados. Finalmente, instó a la comunidad internacional que adopte una postura firme contra las acciones israelíes y reiteró su apoyo al establecimiento de “un Estado palestino independiente, soberano y contiguo” basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital.
En líneas similares, el alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, declaró que la medida «es un nuevo paso de las autoridades israelíes para hacer imposible un Estado palestino viable, en violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación». Además, añadió que si la decisión sale adelante, acelerará “sin ninguna duda el despojo de los palestinos y su traslado forzado, y llevará a la creación de nuevas colonias israelíes ilegales”.
También expresaron su rechazo a la medida los gobiernos de Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, y la Unión Europea.
Israel ha intensificado sus operaciones en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, desde que lanzó su ofensiva genocida en Gaza el 8 de octubre de 2023. Los palestinos ven la escalada (incluidos asesinatos, arrestos, desplazamientos y expansión de los asentamientos) como un paso hacia la anexión formal del territorio.
En una opinión histórica de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación del territorio palestino por parte de Israel y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
